Reelección y mañas de alcaldes serranos
Reelección y mañas de alcaldes serranos
Corrupción y costos excesivos en
obras públicas lo cotidiano
Rodolfo Herrera
Charolet
El 3 de enero de 2026, durante
una gira de trabajo en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), localidad del municipio
de Xicotepec de Juárez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier,
confrontó directamente al presidente municipal, Carlos Barragán Amador, por el
costo elevado de una obra de pavimentación en la calle Aviación. Vecinos de la
zona abordaron al mandatario para exponer carencias en el suministro de agua
potable y cuestionar la discrecionalidad y el monto asignado a la pavimentación
de un tramo menor a 500 metros, que ascendió a alrededor de 4 millones de
pesos.
Armenta Mier señaló que, de
haberse ejecutado por administración directa del ayuntamiento, el costo no
habría superado el millón de pesos, atribuyendo el sobrecosto a la contratación
externa de empresas. En el intercambio, captado en video, el gobernador
manifestó que tales prácticas encarecen las obras porque las compañías se
llevan una parte significativa y otorgan una comisión al funcionario
responsable. Ante la defensa inicial del alcalde, quien intentó justificar el
procedimiento, el titular del Ejecutivo estatal instruyó al secretario de
Gobernación solicitar una auditoría a la Auditoría Superior del Estado para
revisar la ejecución de la obra y deslindar responsabilidades.
Este episodio ocurrió en el marco
de la entrega de 500 tinacos donados por Petróleos Mexicanos a familias
afectadas por lluvias torrenciales previas, y resalta tensiones en la
supervisión de recursos públicos municipales en la Sierra Norte de Puebla, donde
Xicotepec representa un polo de desarrollo regional con énfasis en
infraestructura comunitaria.
Respuesta del presidente
municipal Carlos Barragán Amador, presidente municipal de Xicotepec de Juárez,
respondió públicamente a las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta,
manifestando que no merecía el comentario y aceptó someterse a las auditorías
ordenadas por la Auditoría Superior del Estado, enfatizando su disposición a
transparentar el uso de recursos en la obra cuestionada.
Barragán Amador rechazó las
imputaciones de recibir comisiones por asignaciones contractuales, argumentando
que los procedimientos siguieron normas establecidas para obras públicas y
subrayó su compromiso con la rendición de cuentas, alineándose con directrices
federales sobre el cuidado de recursos públicos promovidas por la presidenta
Claudia Sheinbaum.
Aun cuando la respuesta busca
mitigar el impacto de la reprimenda pública, en donde el gobierno estatal ha
destinado apoyos directos y ha recibido atención prioritaria del gobierno
estatal en los primeros días de 2026, con giras recurrentes del gobernador para
supervisar obras de emergencia derivadas de lluvias intensas del año anterior.
La confrontación por la
pavimentación cuestionada se inserta en este marco de supervisión directa,
donde el Ejecutivo estatal ha enfatizado la ejecución puntual y transparente de
presupuestos. El municipio, con trayectoria en producción de café y turismo
histórico, mantiene una agenda de desarrollo que incluye adquisiciones
recientes de terrenos para infraestructura como una central de autobuses,
anunciada a finales de 2025 con pagos escalonados en los primeros meses de
2026.
La instrucción de auditoría a la
obra específica refleja un enfoque estatal en la fiscalización de
ayuntamientos, independientemente de afinidades partidistas, en un periodo
inicial de la administración que prioriza la revisión de cuentas públicas
municipales para garantizar el uso eficiente de fondos destinados a
infraestructura básica y servicios públicos.
Sin embargo, las presumibles
irregularidades se extienden a otras obras municipales, en donde el alcalde ha
destinado contratos millonarios en condiciones que despiertan sospecha. Tal es
el caso de un contrato otorgado el 20 de diciembre de 2024 por la cantidad de
27 millones 5 mil 360 pesos 57 centavos para la presunta rehabilitación de la
imagen urbana del acceso sur en la cabecera municipal, que habría realizado un
constructor persona física de nombre Florencio Romero Mendoza (ROMF930709136)
quien dice tener su domicilio empresarial en la calle Reforma Sur 141, Centro
de Xicotepec de Juárez CP 73080. Empresa que no fue encontrada en dicho lugar
manifestado. Dicho constructor es socio de la empresa Café y Productos
Agropecuarios Xicotepec, S.P.R. de R.L. de C.V., la cual y desde luego no es una
constructora.
Presuntas complicidades
En la Sierra Norte de Puebla, se
ha identificado un patrón recurrente en diversas administraciones municipales,
caracterizado por la asignación de obras públicas a un círculo reducido de
constructores vinculados entre sí mediante recomendaciones mutuas, con el
propósito aparente de eludir mecanismos de fiscalización y control
establecidos.
La opacidad en el manejo de los
contratos constituye una irregularidad sistemática: los ayuntamientos omiten
publicar la información completa de las adjudicaciones y, en múltiples casos,
deniegan el acceso a los expedientes en respuesta a solicitudes de información
pública.
El conflicto de intereses
representa otro elemento central de esta problemática, manifestándose cuando
familiares directos de los funcionarios ejecutan las obras. Un ejemplo concreto
es el de la empresa vinculada a Mauricio de Ita Islas, cuyo hijo —del mismo
nombre— está casado con Paola Barragán Ortiz, hija del presidente municipal de
Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador.
Los hermanos de Ita Islas son
socios en una red de empresas que obtienen contratos de obra pública en
diversos municipios, entre ellos Xicotepec de Juárez, Tehuacán, Puebla capital
y Atlixco. Las compañías involucradas incluyen; Construcciones y Soluciones
Ambientales Madeisa, S.A. de C.V.; Trec Desarrolladores, S.A. de C.V.; La
Hacienda Constructora y Urbanizadora, S. de R.L. de C.V.; Corporación
Industrial y Comercial de Puebla, S.A. de C.V.; y Nesgarde Inmobiliarios y
Constructores, S. de R.L. de C.V.
En este esquema de adjudicaciones
directas y simulación de competencia, participan de manera interconectada los
alcaldes Rogelio López Angulo (Huauchinango), Artemio Hernández Garrido
(Chiconcuautla, en múltiples periodos), Carlos Barragán Amador (Xicotepec de
Juárez), José Luis Márquez Martínez (Zacatlán, y actualmente a través de su
esposa Beatriz Sánchez Galindo, presidenta municipal en funciones) y Ariadna
Ayala Camarillo (Atlixco).
Políticos y empresarios
Carlos Barragán participa como
accionista en al menos tres empresas; Doblacero y Laminados Tihuatlan, S.A. de
C.V.; Beneficio San Carlos, S.A. de C.V. y Servicios Hoteleros Sierra Norte,
S.A. de C.V. Las Empresas relacionadas con familiares: Doblacero y Laminador,
S.A. de C.V.; Constructora Kakolun, S.A. de C.V. y Corte y Doblez Barragán,
S.A. de C.V.
José Luis Márquez Martínez, socio
de Gal México de Puebla, S.A. de C.V. y Fin Puebla, S.C. de R.L. en donde
también participan los Rivera, expresidentes municipales de Chignahuapan, entre
otros 95 políticos.
Sin duda estos políticos toman
muy en serio el dicho popular “en este país el que no tranza no avanza”
¿O no lo cree usted?

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